Sacar a la luz las (in)justicias sistémicas:
El punto de vista de las comunidades
"Nuestra batalla es mucho más que dolor y sufrimiento. Las luchas estratégicas pueden conseguir cambios que, a veces, ni siquiera
el sistema legal prevé."
Participante en la mesa redonda sobre protección social
Systemic Justice es la primera organización en Europa liderada mayoritariamente por personas afrodescendientes y racializadas que emprende litigios estratégicos impulsados por las comunidades para conseguir la justicia racial, social y económica.
Nuestra visión es la de una sociedad en la que las organizaciones, los movimientos y los colectivos (OMC) puedan recurrir a los tribunales mediante la figura del litigio estratégico y campañas contra la injusticia racial, social y económica lideradas por las comunidades implicadas.
En este documento, Sacar a la luz las (in)justicias sistémicas: El punto de vista de las comunidades, se comparten los resultados de una amplia consulta a escala europea que ha realizado Systemic Justice. El objetivo de la consulta es aprender de las perspectivas y experiencias de las organizaciones y los grupos comunitarios afectados con el fin de recabar información que sirva para orientar posibles litigios y otras estrategias de cambio.
En conjunto, las conclusiones de este informe ofrecen una visión detallada y multidimensional de los perjuicios causados por la desigualdad y la injusticia en toda Europa.
"El cambio que queremos ver es que las comunidades y los movimientos tengan la opción realista de utilizar el litigio, en sus propios términos, como una de sus herramientas para lograr cambios".
Nani Jansen Reventlow
Fundadora de Systemic Justice
1000+
organizaciones, movimientos y colectivos
1. Una base de datos creada por Systemic Justice de más de 1000 organizaciones, movimientos y colectivos (OMC) que operan en toda Europa y que se organizan y oponen a la injusticia junto a comunidades y grupos afectados por daños sistémicos.
100
respuestas a la encuesta
2. Una encuesta realizada a casi 100 OMC, disponible en inglés, francés, alemán, italiano, ruso y español, y distribuida online por Systemic Justice y sus redes.
83
participantes de
33 países europeos
3. Seis mesas redondas online enfocadas en las comunidades, con 83 participantes de 33 países europeos organizadas en torno a cada una de las seis áreas temáticas. Las mesas redondas se diseñaron para reunir a las OMC y fomentar la colaboración entre ellas, así como para identificar oportunidades de litigio estratégico. Con un enfoque interseccional, las personas que participaron en las mesas redondas en representación de diversos grupos (comunidades negras, musulmanas y roma/gitanas; personas migrantes y refugiadas; personas que desempeñan trabajo sexual; comunidades LGTBIQ+; personas en situación administrativa irregular; activistas contra la trata de personas; activistas por los derechos de las personas con discapacidad; iniciativas a favor de la justicia en materia de vivienda; grupos por los derechos de la infancia; activistas por la justicia climática; y otros grupos) aportaron la perspectiva de las comunidades acerca de los retos y los daños presentes al mismo tiempo en toda Europa.
100
conversaciones individuales
4. Conversaciones individuales con 100 personas y representantes de OMC que participan en el ecosistema de la justicia racial, social y económica en toda Europa.
Resumen
Estar cerca de los daños generados por la desigualdad social permite revelar injusticias de forma profunda y, en ocasiones, visceral. Las reflexiones ricas, detalladas y pormenorizadas sobre los problemas raciales, sociales y económicos, surgidas a raíz de los datos de la encuesta, son un resultado del enfoque de Systemic Justice, que consiste en sacar a la luz los daños a través de los relatos y discursos de las comunidades y organizaciones locales.
Las OMC locales y comunitarias se enfrentan a una serie de cuestiones diversas y convergentes que afectan a las personas, los grupos y las comunidades que se encuentran muy cerca de los daños sistémicos.
Una conclusión fundamental es que son precisamente las OMC locales y comunitarias, que tienen una capacidad y unos recursos limitados, quienes se ven sometidas a una mayor presión para dar respuesta a las múltiples necesidades de las comunidades.
A pesar de ello, una abrumadora mayoría de las organizaciones que respondieron a la encuesta afirmaron que estarían dispuestas a colaborar en la preparación de casos legales que aborden las injusticias sistémicas que se están sufriendo.
Los temas principales que surgieron en relación con el apoyo para litigar de forma estratégica son los siguientes:
Se necesitan apoyo legal, conocimientos jurídicos y personas que ejerzan la abogacía.
Se necesita apoyo para la investigación previa a los litigios y para la investigación en general, tanto en términos de competencias de investigación como de recursos humanos.
Se necesita apoyo en forma de recursos económicos y humanos en particular, pero también para cubrir necesidades más específicas, como la identificación de demandantes.
Se necesita ayuda para desarrollar conocimientos, orientación y formación teórica y práctica (para lo cual, como señalan varias personas encuestadas, los recursos económicos suelen ser limitados). Algunas OMC también mencionaron la necesidad de disponer de datos internacionales (precedentes) para respaldar los casos en el contexto local.
Se necesita conocer el contexto local antes de utilizar el litigio estratégico para cuestiones que afectan a las comunidades locales.
"A fin de cuentas, cuando empezamos a hablar de justicia, llegamos a las mismas conclusiones porque todas las personas queremos justicia para las demás".
Participante en la mesa redonda sobre protección social
Justicia climática
Vínculos entre la pobreza, la desigualdad, la justicia social y la crisis climática
Cuestiones clave
Los discursos sobre el clima deben tener en cuenta las conexiones entre la crisis climática y la desigualdad socioeconómica, la discapacidad y la raza.
La rendición de cuentas debe formar parte de nuestras soluciones a la injusticia climática, entre las que se incluyen las reparaciones redistributivas para mitigar los daños intergeneracionales a través de la reorientación de recursos hacia las comunidades más afectadas por los perjuicios provocados por el cambio climático y otras injusticias sistémicas interrelacionadas.
Oportunidades para pasar a la acción
Establecer un marco para otorgar reparaciones redistributivas, mediante la reorientación de recursos hacia las comunidades más afectadas por los daños causados por el cambio climático y otras injusticias sistémicas interrelacionadas.
Interponer acciones judiciales contra las instituciones y empresas responsables de los abusos climáticos que afectan de forma desproporcionada a las comunidades y a los grupos marginados.
Desmantelar el predominio de un ecosistema de activismo climático eurocéntrico y blanco a través de un enfoque interseccional que incluya la elaboración de mensajes clave que reconozcan los abusos y daños sistémicos relacionados con el clima que sufren los grupos invisibilizados y marginados socioeconómicamente.
Recopilar pruebas y sensibilizar a la opinión pública acerca de los efectos desproporcionados de la contaminación del aire, el agua y el suelo en la salud y el bienestar de las comunidades y los grupos marginados por motivos raciales, sociales y económicos.
Seguir demostrando la interconexión entre el cambio climático y otros daños sistémicos, prestando especial atención al racismo, la islamofobia, la afrofobia y la antinegritud, así como a las actitudes antigitanas y antirroma en leyes y políticas, además de la violencia de Estado ejercida a través de la actuación policial y el régimen de fronteras que restringe la libertad de circulación.
Acceso a la justicia
La lucha por los derechos y la respuesta ante los daños sistémicos
Cuestiones clave
Junto a las labores de incidencia política y la lucha por el reconocimiento jurídico, las OMC suelen dedicar su tiempo y energía a problemas inmediatos y apremiantes, como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura.
A las OMC les preocupa tanto la ausencia de leyes protectoras como protegerse frente a las leyes que persiguen, penalizan y criminalizan a los grupos marginados.
Oportunidades para pasar a la acción
Desarrollar metodologías lideradas por las comunidades para documentar las injusticias que viven las comunidades marginadas por motivos raciales, sociales y económicos con el fin de afirmar sus denuncias de opresión y apoyar las acciones legales de las OMC locales y comunitarias.
Establecer tácticas legales y estrategias de litigio que permitan a las OMC locales y comunitarias reivindicar sus derechos y el acceso a la justicia, evitando depender de los casos individuales para priorizar los «derechos humanos de la colectividad», así como el uso de etiquetas patologizantes y estigmatizantes («delincuente/ exdelincuente», «indocumentada», «sin hogar», etc.).
Apoyar el desarrollo de tácticas jurídicas renovadas para impugnar el uso de formas colectivas de castigo en toda Europa (asociación delictiva, conspiración criminal, etc.), dirigidas contra la infancia y la juventud marginadas por motivos raciales a las que se hace referencia con términos como «bandas» o «pandillas».
Cuestionar la práctica racista de segregar o excluir de la educación a la infancia y la juventud marginadas por motivos raciales (específicamente a las personas roma/ gitanas), lo cual tiene un profundo impacto en sus aspiraciones y sus oportunidades futuras.
Enfrentarse a los gobiernos europeos y de la UE por los delitos racistas y por la ausencia o la no aplicación de políticas y prácticas en contra de la discriminación y la incitación al odio.
Vigilancia Policial
Erradicación de la violencia policial e institucional
Cuestiones clave
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley persiguen a las personas y a los grupos «socialmente desprotegidos» que viven en la intersección de diversas opresiones y, en particular, a las personas que son criminalizadas por su trabajo, su situación migratoria, o ambos. Por lo tanto, es necesario construir un contrarrelato sólido que deje claros los daños inherentes a la vigilancia policial.
La invasión de la tecnología, el crecimiento de las empresas de seguridad privada, la militarización de la labor policial y la fortificación de las fronteras marcan una onerosa continuidad de los daños de la vigilancia policial en toda Europa.
Oportunidades para pasar a la acción
Reconocer la violencia de la labor policial (que incluye la vigilancia, el acoso y las muertes bajo custodia policial) como parte de la opresión institucional arraigada en el racismo, el antigitanismo, la islamofobia, el capacitismo, la homofobia y la transfobia, entre otras formas de discriminación.
Denunciar las identificaciones policiales por perfil racial y étnico, y el uso de las facultades de detención y registro; en particular, su uso desproporcionado contra las personas que han sido abandonadas por las instituciones y se ven obligadas a realizar actividades irregulares debido a la (des)protección social.
Enfrentarse a los motores racistas y criminalizadores que son la sobrerrepresentación y las disparidades en los sistemas judiciales europeos, con especial atención al encarcelamiento desproporcionado de personas marginadas por motivos raciales, sociales y económicos.
Promover y apoyar las campañas dirigidas a despenalizar el trabajo sexual en toda Europa, haciendo especial hincapié en la oposición a la vigilancia policial que se ejerce contra las personas racializadas y en situación administrativa irregular que desempeñan trabajo sexual.
Fomentar la comprensión del uso racista de la tecnología en la labor policial y en los sistemas de justicia penal de toda Europa, y enfrentarse a este.
Protección social
La violencia institucional del sistema de bienestar social
Cuestiones clave
La protección social se niega de forma generalizada a los grupos marginados, y los sistemas y procesos que ofrecen o deniegan la protección social constituyen una forma de violencia deshumanizadora.
En particular, las personas supervivientes de la violencia de género y las comunidades roma/ gitanas, LGTBIQ+, musulmanas y de personas migrantes se enfrentan, en un sentido amplio, a la violencia de una protección social desigual y, en muchos casos, sufren la falta de hogar, la pobreza y la discriminación institucional.
Oportunidades para pasar a la acción
Garantizar la igualdad de acceso a la atención sanitaria y los servicios de bienestar social para las personas que están dentro del sistema de asilo.
Responsabilizar a los hospitales por las muertes y el maltrato derivados del racismo institucional en la atención sanitaria.
Unir a los adultos responsables del alumnado que sufre discriminación con el objetivo de oponerse a esas prácticas y fomentar el antirracismo en las instituciones educativas.
Enfrentarse a los servicios de apoyo excluyentes y capacitistas.
Junto a las personas que están en centros de detención para personas migrantes y las personas encarceladas, hacer campaña contra la impunidad de las fuerzas de seguridad en los casos en que se las cuestione por actos concretos o por patrones de violencia, que afectan de forma desproporcionada a los grupos marginados.
Antirracismo
La lucha jurídica y social por la inclusión, la seguridad y la justicia
Cuestiones clave
Es necesario que se rindan cuentas por la violencia perpetrada por la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas de seguridad fronterizas, con el apoyo de mecanismos de supervisión independientes.
Es es preciso sensibilizar sobre toda una serie de injusticias, lo que incluye celebrar manifestaciones; abrir espacios donde la gente pueda compartir experiencias vividas; retirar fondos a la policía para invertirlos en estructuras locales de asistencia; y litigar estratégicamente para conseguir derechos básicos.
Oportunidades para pasar a la acción
Empoderar a las OMC locales y comunitarias para que hagan campaña a favor de que los gobiernos europeos y de la UE reconozcan que los patrones persistentes de desigualdades sistémicas raciales, sociales y económicas están impulsados por el racismo institucional.
Cuestionar los criterios y la base empírica que se usan para orientar (y legitimar) el desarrollo y la aplicación de las políticas de «zonas gueto» y otras formas de regulación geográfica zonal (como los toques de queda y las zonas de exclusión).
Hacer campaña para, por un lado, ampliar el reconocimiento de los efectos del racismo sistémico sobre el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la juventud marginadas por motivos raciales, y, por otro lado, impugnar jurídicamente los niveles y el uso desproporcionados de la disciplina y la exclusión escolares, y las expulsiones del sistema educativo ordinario.
Apoyar las crecientes peticiones de financiación institucional para ayudar a las familias en duelo en su búsqueda de justicia para las víctimas mortales de la violencia policial
Llevar las identificaciones por perfil racial a los tribunales; por ejemplo, presentando una demanda para poner fin a la práctica de la discriminación en el mercado laboral o en el sistema de bienestar social, especialmente con el uso de la inteligencia artificial, y, de manera más amplia, demostrando empíricamente e impugnando jurídicamente la invasión de las tecnologías que agravan y exacerban los efectos materiales del racismo institucional.
Libertad de circulación
Daños sistémicos de las leyes, políticas y prácticas de control de fronteras, inmigración y asilo
Cuestiones clave
Las personas que migran y solicitan asilo en Europa se enfrentan a discriminación y prejuicios basados en la intersección de identidades religiosas, raciales, étnicas, de género y de país de origen. También se observa una notable disparidad entre las experiencias de las personas no europeas y las que son ciudadanas europeas, tanto a la hora de abrirse paso por el sistema de inmigración y asilo como en el momento de acceder a la protección social y al derecho al trabajo a su llegada.
La falta de concienciación y de conocimientos sobre la ley, así como el miedo a las represalias, impiden a las personas denunciar jurídicamente el trato que reciben por parte de los sistemas de inmigración y asilo. Cuando se consiguen sentencias judiciales, no se hacen cumplir.
Oportunidades para pasar a la acción
Facilitar el desarrollo de un contrarrelato que redefina las percepciones de la migración en Europa. Esto incluye, por un lado, la deconstrucción de los marcos ahistóricos y simplistas de la «migración económica» mediante la comprensión del «efecto salida» provocado por el estancamiento económico atribuible a la interferencia europea y, por otro lado, tener en cuenta los innumerables factores interrelacionados que impulsan el movimiento de personas a través de Europa (que incluyen el cambio climático, las guerras y otras crisis).
Apoyar una campaña a favor de la regularización y despenalización de todas las personas migrantes, independientemente de su situación, en todos los países europeos, y a favor del establecimiento de plazos claros para la tramitación de las solicitudes de asilo.
Abogar por prestaciones sociales legalmente acordadas para responder a las necesidades sociales, sanitarias y psicológicas de las personas que solicitan asilo en toda Europa.
Defender la creación de rutas y pasos migratorios seguros a través de Europa, y crear estructuras claras para la rendición de cuentas y recursos jurídicos contra las violaciones de los derechos humanos ocurridas en las rutas migratorias hacia Europa.
Apoyar las intervenciones y acciones de las OMC para salvar vidas en el mar (actividades que se enfrentan cada vez más a sanciones penales y jurídicas).
Próximos pasos
Este es solo el principio de la colaboración de Systemic Justice con diferentes comunidades para lograr el cambio estructural que se necesita en Europa en materia de justicia racial, social y económica. Nuestra consulta a las comunidades nació de la intención de que el trabajo que realizamos estuviera impulsado y liderado por las comunidades, y era una pieza de un gran rompecabezas para averiguar por dónde debíamos empezar nuestra labor ante el sinfín de injusticias que necesitan ser abordadas con urgencia.
Áreas prioritarias: justicia climática y protección social
La necesidad urgente de hacer frente a las injusticias y la ausencia de una labor de litigio interseccional para abordarlas nos ha llevado a dos áreas iniciales en las que enfocar nuestro trabajo: la justicia climática y la protección social.
Aunque la crisis climática afecta a todas las personas, las comunidades marginadas son las que más sienten sus efectos. La lucha por la justicia climática y por la justicia racial, social y económica están, por tanto, intrínsecamente interconectadas. Por ejemplo, las personas que carecen de acceso a viviendas resistentes o seguras son las más perjudicadas, ya que suelen vivir en zonas propensas a sufrir inundaciones y otros efectos de la crisis climática. Al mismo tiempo, las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada por las temperaturas extremas, y las personas que viven en entornos contaminados o tóxicos padecerán enfermedades que podrían haberse evitado y tendrán que hacer frente a mayores costes sanitarios como consecuencia directa de ello.
En este sentido, en toda Europa está surgiendo un patrón en el que la protección social se deniega cada vez más como estrategia deliberada para excluir a comunidades y grupos que son discriminados sistemáticamente como «no merecedores» de la asistencia y el apoyo gubernamentales o no aptos para recibirlos. Entre estos grupos se encuentran las personas que cruzan fronteras y las que solicitan asilo, las personas LGTBIQ+, las comunidades roma/gitanas, las personas que desempeñan trabajo sexual y las personas que pertenecen a grupos religiosos, entre otras. A estos grupos se les impide el acceso a servicios esenciales y se enfrentan a obstáculos para acceder a los servicios de atención sanitaria y a los mercados laborales. Los esfuerzos estructurales para cuestionar este enfoque y reorientar el debate público son prácticamente inexistentes en la actualidad. Para dar un vuelco a esta situación, necesitamos construir proyectos de litigio en este ámbito junto con contrapartes de las comunidades que lleven firmemente las riendas del proceso.
Queremos mostrar nuestro profundo agradecimientoe a todas las personas que se han comprometido con Systemic Justice en esta primera etapa de nuestro viaje. Nos entusiasma lo que el activista estadounidense por los derechos civiles John Lewis describió como «buenos problemas» que aún tenemos que crear conjuntamente: la disrupción necesaria para lograr uncambio significativo.
Esto acaba de empezar.
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puede ver una copia de la licencia aquí. Nuestra intención es que las comunidades que han participado y quienes trabajan en estas áreas temáticas en toda Europa puedan utilizar los resultados para orientar su trabajo organizativo, en la capacidad que consideren oportuna. Esto significa que este documento puede ser copiado y redistribuido en cualquier medio o formato, y que puede ser remezclado, transformado y desarrollado, siempre que sea con una finalidad no comercial y se reconozca adecuadamente la autoría de Systemic Justice.
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